Sr. Doctor
Fernando Alvarado Espinel
Secretario de Comunicación
Presidencia de la República
Presente
De mis consideraciones:
Aprovechando las transmisiones de los partidos de fútbol del Campeonato Mundial, y usando los canales de televisión incautados, cuya propiedad moral corresponde al pueblo ecuatoriano, el Gobierno Nacional, a través de la oficina a su cargo, ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de la prensa libre del Ecuador.
La campaña promovida, financiada y ejecutada por las autoridades del Gobierno al que usted pertenece, riñe con la moderación que debería caracterizar a los gobernantes y a sus funcionarios.
Tan lamentable empeño se caracteriza, además, por la generalización, las acusaciones infundadas, las tergiversaciones sobre el papel de los periódicos, y por una agresividad que nunca antes se ha registrado en el Ecuador en un régimen democrático.
Nada de meritorio tiene semejante campaña, que no guarda concordancia alguna con el respeto que se merecen los ciudadanos espectadores, las instituciones e, incluso, los adversarios políticos. Nada constructivos serán sus resultados, sino afianzar descalificaciones y prejuicios, desorientar interesadamente a la opinión pública y preparar el terreno para establecer toda suerte de controles y sanciones en contra de la libertad de expresión, que es el fundamento de la República libre.
La Constitución establece, como principio capital de una sociedad civilizada, la presunción de inocencia. Desconociendo tan fundamental garantía, la campaña emprendida por usted con los recursos de la comunidad, parte del erróneo e inaceptable supuesto de la culpabilidad de los medios de comunicación, y sobre semejante aserto se juzga, se afirma irresponsablemente y se acusa. Y se lesionan sistemáticamente prestigios largamente adquiridos en el trabajo cotidiano de informar y de opinar, de combatir la impunidad, la corrupción y el abuso del derecho.
La Constitución de la República también consagra, como precepto esencial de una sociedad democrática, el derecho a la defensa, que no se reduce a las instancias judiciales, sino que se extiende a toda la vida social. Nadie, por ningún concepto, puede quedar en la indefensión en ningún ámbito, y menos aún ante el poder político, pero el método establecido por el Gobierno no admite posibilidad alguna de defensa de acusaciones aventuradas y de improperios inaceptables, que se hacen además desde el amparo que da el poder.
El Estado y los funcionarios son responsables de sus actos. No hay democracia ni república verdaderas sin responsabilidad efectiva, y sin rendición de cuentas. Pero es evidente que la campaña de desprestigio emprendida por usted y sus superiores y dependientes, parte del supuesto contrario y, por cierto, erróneo: que el poder es inmune, que puede objetar a todos, que debe vejar sin reserva y sin límite, que el fin justifica los medios, y que los hombres y las instituciones libres no tienen otro destino que el trágico y doloroso de someterse a sus designios.
Sin embargo, señor Alvarado, por más que se empeñe en semejante tarea, la conciencia democrática que se refugia en la sociedad civil, y no necesariamente en las trincheras desde donde el poder dispara sus dardos, condena estos procedimientos. Y lo condenamos todos quienes desde la noticia y la opinión ejercemos a diario la libertad, la crítica constructiva y el deber de informar a la gente, pese a los riesgos y a las incomprensiones, y por sobre las molestias que esa moral consecuente con nuestros lectores, que es la nuestra, causa en quienes aspiran a un sistema que imponga únicamente silencios, o aplausos
Las afirmaciones que se hacen en la campaña de desprestigio, claramente injuriosas, además, se escudan en la generalización. De allí que, en ejercicio de los derechos constitucionales que nos corresponden, exigimos a usted, con firmeza y públicamente, que, honrando el poder que ostenta -que le pertenece al pueblo- precise, con claridad, y sin los usuales subterfugios, qué medios concretamente son los corruptos, de qué actos delictivos se les acusa, en qué tribunales se ventilan las infracciones, cuáles son las sentencias que acrediten la supuesta y no admitida corrupción. Usted está obligado, por la dignidad del cargo que ostenta, a responder en forma precisa y oportuna y a hacerse cargo de las consecuencias de tales aseveraciones.
Sin otro particular por el momento,
Atentamente,
Guadalupe Mantilla de Acquaviva
Directora General
Editorial de Canal Uno sobre la campaña del Gobierno contra los medios
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13:07 - martes 06/07/2010 Desde la asociación de Canales de Televisión del Ecuador (Actve), la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y los canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados (Ccrea) mantuvieron reuniones, diálogos y aportes con el afán de contribuir en la elaboración de una Ley de Comunicación democrática, plural, apegada a los preceptos de la Constitución y que respete los tratados internacionales en vigencia.
Poco o nada de los aportes fue considerado e incluido en el texto final. Se hicieron gestiones para una cita con el presidente Rafael Correa, nunca se concretaron.
Se transmitieron varias decenas de programas de paneles y entrevistas con actores políticos de una y otra orilla para oxigenar el debate y socializar su contenido, en el mayor concepto de la democracia.
Ahora se responde con esta campaña difamadora en donde se manifiestan expresiones y símbolos de lenguaje corporal que pretenden hacer creer al país que todos los medios son corruptos, ladrones y deshonestos.
El generalizar acusaciones en una campana de este modo merece nuestra protesta. No sería dable que desde los medios también generalicemos con comentarios, informaciones y reportes acusando a todo un Gobierno por la responsabilidad de unos pocos.
Se aprobó la transmisión de esos spots o cuñas agresivas justamente atendiendo la libertad de expresión que siempre hemos pregonado.
Pedimos que se suspenda inmediatamente esta campaña.
Estaremos atentos a conocer la verdadera finalidad del Gobierno cuando el proyecto de Ley de Comunicación sea devuelto por el Ejecutivo a la Asamblea. Ahí veremos si se respetó la Constitución aprobada por el pueblo y los tratados internacionales que obligan al Ecuador con el mundo.
